¿Quién controla el agua? La pugna por la gestión hídrica en San Juan

En nuestra provincia, el agua es un recurso preciado y cada vez más escaso. Las campañas de concientización sobre la crisis hídrica normalmente se enfocan en su uso residencial pero la clave para resolver este problema tiene más que ver con los conflictos de interés de algunos grupos de poder.

“El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza”, dijo Leonardo Da Vinci. El famoso pintor italiano del Renacentismo, autor de las obras El retrato de Mona Lisa y La última cena, fue también científico e inventor y estuvo especialmente interesado en comprender los flujos de la marea, el ciclo hídrico, el origen de ríos y océanos. Es que el agua, el elemento que hace posible la vida en la Tierra, lleva siglos ocupando un lugar central en el diseño y sostenibilidad de las civilizaciones humanas. Es imposible pensar nuestra existencia sin el acceso a este recurso por lo que, en un mundo cada vez más complejo y poblado, su administración eficiente se ha vuelto una preocupación central.

La situación presenta mayores desafíos en zonas áridas, como la mayor parte del territorio de nuestra provincia, donde la presencia del recurso hídrico es más inestable y garantizar su existencia requiere un planeamiento más cuidadoso. Es ahí donde el Estado ocupa un rol central; a través de legislación, reglamentaciones e instituciones, se busca poder administrar efectivamente el recurso. En San Juan, la normativa vigente es, principalmente, la contenida en la ley 4392 que sancionó en 1978 el Código de Aguas (actual Ley 190-L), modificado por varias leyes posteriores, y la ley 886 sancionada en 1942 que crea el Departamento de Hidráulica (actual Ley 13-A).

Es la antigüedad de estas normativas, columna vertebral de la administración hídrica en San Juan, lo que muchos expertos señalan como el primer obstáculo para un manejo eficiente del recurso. Lo cierto es que la realidad de la provincia cambió radicalmente en muchos aspectos, desde el momento de la sanción del código vigente hasta hoy. Para empezar, la población prácticamente se duplicó en el periodo de 1980 a 2022; pasó de 465.900 habitantes a 822.850. La matriz productiva de la provincia, por ejemplo, pasó de ser casi exclusivamente agrícola a tener un componente importante de industrialización propio de la actividad minera. Por último, el marco legal sancionado en aquel entonces –que rige en la actualidad– tampoco contempla las categorías del acceso al agua como un derecho humano explicitado en tratados internacionales; no contempla la participación ciudadana, ni la regulación clara de cuotas para los distintos usos privativos.

“A ver, la ley actual del agua que rige en la provincia es una ley vieja, si se la quiere llamar así, pero que como cualquier ley tiene que servir a quienes la usan. Cuando una ley deja de ser útil para quienes se legisló, admite ser cambiada,  reinterpretada o adaptada de alguna manera al contexto actual. Esa ley fijó un cogobierno del agua entre agricultores y el departamento hidráulico, este último en representación del resto de la sociedad. Ese cogobierno acuerda, una vez que están los pronósticos hídricos anuales y en función de esa oferta esperada, cómo se va a administrar la demanda a través de lo que se llama coeficiente de riego, cuánta agua va para los agricultores. Hoy en día los escenarios son distintos, la sociedad ha cambiado y demanda un uso más eficiente”, explica Facundo Gabriel López, investigador del Instituto de Investigaciones Hidráulicas (IDIH) perteneciente a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan.

Fundado en 1974, el IDIH desarrolla actividades en el ámbito de los recursos hídricos y del medio ambiente, investigando, desarrollando y prestando asesoramiento y servicio técnico a organismos del sector público, privado, nacionales e internacionales. Actualmente están en desarrollo proyectos como la construcción de un mapa interactivo de monitoreo de las variaciones químicas en la composición del agua en diversos puntos del caudal del río San Juan, el análisis y seguimiento del retroceso de los glaciares provinciales, entre otros. El IDIH también ofrece prestación de servicios a terceros, públicos o privados, que muchas veces han sido solicitados por el Departamento de Hidráulica de la provincia.

Volviendo al Código de Aguas sancionado en 1978, la legislación propone una distribución del recurso hídrico basada en la lógica de propiedad. El Código no sólo estableció la permanencia de todas las concesiones de riego previas –que se habían otorgado de forma caótica y sin previsión a largo plazo–, sino que además prohibió al Estado el otorgamiento de nuevas concesiones. Esto contribuyó a solidificar la capacidad de presión de grupos de poder como el sector viñatero en la provincia, que antepone la lógica de producción y rentabilidad a la del agua como un derecho humano. Cabe aclarar que el sector agrícola emplea en la provincia más del 85% del total de recurso hídrico disponible.

En 2023, las alertas del pronóstico hídrico hicieron que las autoridades del Departamento de Hidráulica de la provincia consideraran implementar cortes planificados en el suministro de agua para productores agrícolas. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por los regantes. El presidente de la Junta de Riego de Chimbas y de la Federación de Viñateros de San Juan, Eduardo Garcés, reconoció que no estaban dispuestos a aceptar las condiciones. "Creo que va a ser un año igual o mejor que el año pasado. Por eso, no queremos que se corte y, menos, hasta que asuman las nuevas autoridades. No sabemos quiénes serán, pero tuvimos una reunión y planteamos cosas (…) espero que sea un director (hombre)”, dijo Garcés en octubre, haciendo referencia a la entonces directora del Departamento de Hidráulica, Guadalupe López. Con el cambio de gestión a nivel provincial, coincidencia o no, Hidráulica renovó sus autoridades y actualmente su director es el ingeniero agrónomo Raúl Ruiz.

En el Instituto de Investigaciones Socio Económicas (IISE), dependiente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan, también se estudia la crisis hídrica. La politóloga Margarita Moscheni lidera desde 2023 el proyecto de investigación titulado “Agua, poder y disputa: San Juan en contexto de sequía”. “Nuestro objetivo es estudiar los procesos de democratización en torno al uso al acceso y a la apropiación del agua de riego”, explicó Moscheni a Radio Universidad el año pasado, “específicamente nuestro objeto de estudio es el Departamento de Hidráulica, la institución y autoridad competente en lo que refiere al uso del agua”.

El proyecto de investigación se enmarca en el paradigma epistemológico de la ecología política, entendida por el principal impulsor de este paradigma en latinoamérica, Héctor Alimonda, como una perspectiva que intenta “integrar diferentes fuentes y aportes disciplinarios para tratar de esclarecer, discutir, entender las relaciones de poder que están en el seno de la relación sociedad-naturaleza”. El objetivo es, entonces, indagar en el entramado de relaciones de poder de la provincia cuyos intereses se encuentran beneficiados por la actual legislación, impidiendo cambios o actualizaciones en la misma.

Por otra parte, a finales de 2023, el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación para la Gestión Integral del Agua en el Árido (CIGIAA), dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, elaboró el documento “Estado de situación de los recursos hídricos en la Provincia de San Juan”. Se trata de un diagnóstico interinstitucional que incluyó la participación, además del Gobierno de la Provincia de San Juan, de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional del Agua (INA), y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).

En el informe se detalle que, conociendo la demanda actual de los cultivos y suponiendo una mejora en la eficiencia global del sistema de riego, se podría abastecer con agua superficial el 100% de las necesidades hídricas de los cultivos en tierras con derecho de riego. El acuífero –las napas de agua subterránea– quedaría a modo de reserva ante una sequía extrema o para situaciones puntuales que demandan mayor cantidad de recurso hídrico. Ese incremento de la eficiencia, sin embargo, “solo es posible realizando un cambio en el paradigma de la gestión de los recursos hídricos destinados para riego”, argumenta el informe.

Lo que concluye el informe, así como también los investigadores que llevan años estudiando la problemática en la provincia, es que resulta cada vez más urgente la necesidad de abandonar la actual gestión por oferta, sin planificación plurianual de las disponibilidades, y pasar a una gestión por demanda con oferta garantizada. Este cambio permitirá optimizar la entrega del agua, garantizando a largo plazo la entrega de un patrón acorde a las capacidades físicas reales del sistema hídrico e hidrológico.